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Entre los datos más reveladores se destaca que el monto del delito puede llegar hasta el 10% de la facturación total, que los informantes son la vía más frecuente para advertir irregularidades y que, en su mayoría, son cometidos por personal de la compañía con antigüedad entre uno y cinco años
La consultora Ernst & Young presentó la segunda edición de la encuesta que se realiza en el país sobre el impacto del fraude en las organizaciones.
Las áreas de compras (34%), finanzas (21%) contabilidad y reporting (14%) y sistemas (14%) fueron identificadas por los encuestados como las más sensibles para la comisión de este tipo de delitos.
El 71% de las compañías consultadas destacaron que el porcentaje del fraude sobre el total de facturación llegó hasta el 10% y afirmaron que fue por montos entre 10.000 y más de 500.000 dólares”, señaló Walter Larriva, Director de la práctica de Prevención de Fraudes de Ernst & Young Argentina.
Por otra parte, remarcó el experto que, de acuerdo con la opinión de los ejecutivos “implementar un mayor control interno (25%), aumentar la moral de los trabajadores y el sentido de pertenencia (25%), una menor rotación de personal en sectores clave (14%), la adecuada segregación de funciones (14%), mejores salarios (13%) y una estructura permanente antifraude (9%), son las seis medidas más importantes a tener en cuenta, para combatir y/o prevenir el fraude.
De acuerdo con la encuesta, en general las compañías advirtieron que en su mayoría los fraudes son detectados por la vía de informantes (43%) lo cual resulta un dato de interés pero, paradójicamente, el 33% se se entera “por casualidad”.
Por otro lado, se nota un crecimiento de los fraudes por montos más significativos pero igualmente casi el 50% de los casos no supera los USD10.000.
El análisis respecto de quiénes son los que perpetraron el fraude, comparativamente entre 2006 y 2007 no se evidencian diferencias. Básicamente el 60% de quienes cometen fraudes son parte de la compañía. Son funcionarios, empleados de la organización.
En 2006, la mayor parte de estos trabajadores superaba los cinco años. No obstante, en 2007 la franja se sitúa en quienes tienen una antigüedad de entre uno y cinco años en la compañía.
Recién en un porcentaje que no trepa al 20% se encuentran lo casos de colusión entre internos y externos a la empresa.
Larriva agregó que “los empresarios consideran que los procedimientos más adecuados para evitar los ilícitos son en un 50% las investigaciones, el 33% análisis de datos mediante software expertos, 9% líneas de denuncia y 8% ninguno”, puntualizó Larriva.
Según la encuesta, es evidente que queda un largo camino por recorrer en materia de prevención. Contrariamente a lo que se podría esperar, se nota un salto cualitativo a la hora de decidir si llevar o no a juicio a los autores del fraude.
Este salto se traduce en que el año pasado el 41% de las empresas no llevaron a juicio a los defraudadores.
En 2007 este porcentaje llega al 72% contradictoriamente a lo que se podría esperar.
Ante este escenario, cabe la pregunta sobre si fueron utilizadas herramientas electrónicas (computadores) para la investigación del hecho y si considera que existe probabilidad de que ocurra un nuevo fraude.
Al primer interrogante la respuesta es favorable, el 78% contra un 70% en 2006 ya usa herramientas electrónicas en las investigaciones. Sin embargo, y aqui el dato más alarmante, el 89% cree que existe probabilidad de que ocurra un nuevo fraude.
Las áreas de forensic services, que se señalan como ejemplo van marcando un avance contra el fraude pero tampoco es suficiente si el 56% advierte que no cuenta con políticas de concientización respecto del fraude dentro de la organización.
Desde otro ángulo, la Ley Sarbanes Oxley aparece como un nuevo marco normativo que claramente “ayudan a minimizar la ocurrencia de fraude”, destaca el 70% de los encuestados.
A pesar de ello, con una mirada local, las encuestas revelan que para el 86% las leyes y/o regulaciones argentinas, que contemplan sanciones para este delito, no son una barrera de disuasión.
En este contexto y aunque las empresas advierten los efectos que sobre la rentabilidad tiene la comisión de fraudes “casi un 70% de los que respondieron reconocieron tener debilidades o no cuentan con procedimientos adecuados para la seguridad física, a la hora de identificar proveedores con los que se relaciona la compañía y que llevan a cabo tareas dentro de la misma”.
La composición de la muestra
La encuesta fue realizada entre más de 300 gerentes de marketing/comercial, CFO, gerentes generales y otras posiciones.
El 22% de las empresas consultadas corresponden al área de servicios informáticos y consultoría, 17% Otros (Turismo, Educación, Seguridad, etc), 9% sector financiero, bancos y seguros, 9% consumo masivo, 7% inmobiliario y construcción, 7% agro, ganadero y pesquero, 7% telecomunicaciones, entretenimiento y medios gráficos, 7% industrial y manufacturero, 6% energía, químico y servicios públicos, 5% gubernamental, 3% industria farmacéutica y 1% organizaciones sin fines de lucro.
Prácticamente el 50% de los encuestados tienen más de 100 empleados, lo cual de idea de la magnitud de las organizaciones.
Samanta Linares
slinares@infobae.com